Hace muy pocos días recibíamos la noticia de la aprobación y publicación de la tan esperada Ley del Tercer Sector de Acción Social. Un sector tremendamente atomizado y diverso que aglutina a organizaciones muy variadas, pero todas con el objetivo común de contribuir al mantenimiento de un estado de bienestar que garantice la calidad de vida de las personas, y especialmente de las más vulnerables.

De sobra es conocido que muchas de las entidades que conforman este sector y, especialmente las más pequeñas, viven una situación crítica. Con la crisis económica (aunque no sólo debido a ella), muchas organizaciones han desaparecido y muchas otras ahora están la U.C.I. Dañadas profundamente por la reducción de la financiación a través de fondos públicos, han visto reducida también su capacidad de acción, y con ello, su capacidad de reacción ante las necesidades sociales que, a diferencia de los fondos, siguen creciendo.

La aprobación de esta ley es necesaria. Un contexto jurídico que reconozca la labor de estas entidades, como ejecutoras de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión y como prestadoras de servicios a los grupos más vulnerables. Y más allá del mero reconocimiento, esta ley trae también una subvención directa para contribuir a la financiación de los gastos de estructura y funcionamiento de estas entidades. Todo esencialmente necesario, a mi juicio.
Asimismo, la norma establece la aprobación, en un plazo de 12 meses, de un programa de impulso a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, que regulará, entre otros aspectos, la financiación pública de las entidades, el apoyo a la cultura del voluntariado (en consonancia con la nueva Ley del Voluntariado), el acceso a la financiación a través de entidades de crédito oficial, los mecanismos de cooperación con las administraciones públicas, etc. Esencial este plan, tanto o más que la ley.

Sin embargo, me surgen muchas dudas en torno a porqué son estas las entidades que están y no muchas otras que siguen intentando sobrevivir y para las que resulta vital contar con esta ayuda. ¿Qué criterios se han seguido para reconocer como colaboradoras del Estado sólo a éstas? ¿Qué ocurre con el trabajo de las más pequeñas? Y por otro lado, me queda la duda, que quiero transformar en esperanza, de que la Administración sepa con qué mecanismos concretos va agilizar y facilitar el trabajo de estas entidades.

Una nueva ley con un gran reto por delante.

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